Esta mañana leía en El País el artículo escrito por Baltasar Garzón "El oasis de la impunidad" en el que hace referencia a la reforma que el PP pretende llevar a cabo en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que afecta directamente a la institución de la Jurisdicción Universal. Esta se erige en el principio según el cual a todos los estados les compete llevar ante la Justicia a los perpetradores de ciertos crímenes, independientemente de dónde se cometiera el crimen y la nacionalidad de los responsables y sus víctimas. Es la respuesta que ofrece el Derecho Internacional ante el espectáculo de los tiranos y torturadores encubiertos por la impunidad y las amnistías que han obtenido en sus países. Es el instrumento a través del cual las víctimas que no pueden obtener justicia en su propio país pueden encontrar una luz al final del túnel. Y así las cosas, el gobierno español se ha apresurado a tomar medidas contra esta legislación poco después de recibir quejas de Pekín por una orden de arresto contra ex dirigentes chinos.
La citada reforma viene a estrechar (aún más) los supuestos en los que se permite a los jueces españoles conocer de ciertos delitos cometidos en el extranjero, además de implicar el archivo de todas las actuaciones que actualmente viene conociendo al respecto la Audiencia Nacional (aquí podéis consultar un "mapamundi judicial" de las causas abiertas) entre los que se encuentran los casos de Couso, los vuelos de la CIA o los homicidios del Sáhara.
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