Nadie puede negar que la decisiòn de la Corte Penal Internacional de incluir entre los delitos objeto de su competencia los cometidos contra la naturaleza es especialmente significativa; no obstante conviene no olvidar que dicho organismo solamente puede conocer de las causas dirigidas contra personas físicas (gobiernos e individuos concretos) dejando de lado a las empresas, principales responsables de los saqueos que sufren los pueblos y comunidades agrícolas. Se requiere un paso aún más firme para que las medidas propuestas no queden, de nuevo, en papel mojado. No existen instancias jurídicas supranacionales que puedan conocer los delitos cometidos por las empresas ni por casos relativos a los derechos humanos ni al medioambiente y los intentos en este sentido han sido sistemáticamente frustrados por los de siempre: los mercados y países saqueadores de este nuestro primer (y solidario) mundo.
“Expulsar a las comunidades de sus tierras y destrozar el medio ambiente se ha convertido en una forma aceptada de hacer negocios en muchos países pobres, pero ricos en recursos. La decisión de la CPI muestra que la impunidad está llegando a su fin. Los directivos de las empresas y los políticos cómplices del empoderamiento violento de la tierra, arrasando bosques tropicales o envenenado los recursos de agua, pronto podrían verse sometidos a juicio en La Haya junto a criminales de guerra y dictadores”, señala Gillian Caldwell, director ejecutivo de Global Witness, que denuncia que hasta ahora la Corte no estaba investigando las “atrocidades masivas cometidas en nombre del desarrollo” .
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